La Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (UNICEM) ha presentado hoy seis alegaciones al proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrejón de Ardoz, apoyadas por sus asociados y 100 empresas más.
Como condición para iniciar el diálogo con el Ayuntamiento, UNICEM reclama que se aclare la viabilidad económica de la pretensión de trasladar a otras zonas de la localidad las industrias situadas en avenida de la Constitución, carretera de Loeches y avenida de las Fronteras.
El presidente de UNICEM, Alejandro Pérez de Cárdenas, ha manifestado en rueda de prensa que el planteamiento actual del PGOU "está contra derecho" y "no tiene ningún sentido".
Con estas alegaciones, ha destacado Pérez de Cárdenas, UNICEM solo pretende "defender el papel de los empresarios", puesto que un total de 450 se verán afectados por el traslado de sus empresas.
La primera de las alegaciones solicita modificar la condición impuesta por el Ayuntamiento para que las empresas mantengan la actividad económica en el municipio y el mismo número de puestos de trabajo que en junio de 2008.
Para UNICEM, esta exigencia del consistorio a la que se opone "radicalmente", "atenta contra la libertad de empresa", puesto que el empresario tiene el derecho de elegir cuál quiere que sea el desarrollo de su negocio.
Además, ha añadido Pérez de Cárdenas, "no podemos garantizar el empleo a una serie de años vista".
En la segunda de las alegaciones, UNICEM señala que "falta un estudio de viabilidad completo", ya que el documento del Ayuntamiento no incluye un estudio sobre la sostenibilidad económica de los empresarios afectados.
"Los empresarios necesitan saber cuál va a ser el coste económico que deberán soportar con la transformación planteada", ha dicho.
Asimismo, UNICEM no está de acuerdo en que el coste del soterramiento de la línea férrea que plantea la modificación del PGOU se imponga como carga urbanística a los propietarios de las parcelas, que serían los únicos en asumir el elevado coste de esta operación.
"Nos parece totalmente injusto que solo los empresarios asuman el coste, cuando los beneficiarios de esta operación serán todos los ciudadanos", ha indicado Pérez de Cárdenas.
La cuarta alegación hace referencia a que la transformación actualmente se plantea por manzanas, no de manera individual, algo que contradice el requisito del Ayuntamiento de permitir el traslado solo a aquellos empresarios que mantengan la actividad y el empleo.
UNICEM ha señalado al respecto que cada empresario tendrá su opinión y, por lo tanto, y habrá propietarios que asuman la transformación y otros que no la asuman.
El incumplimiento de requisitos mínimos de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la indefinición del horizonte temporal se recogen en las dos últimas alegaciones.
Por último, el presidente de UNICEM se ha preguntado "qué pintan los sindicatos" en una operación en la que es la propiedad privada la que se ve afectada.
